La elaboración del protocolo se ha puesto en marcha gracias a la Fundación Mutua Madrileña, que concedió apoyo económico a la Fundación CERMI Mujeres a través de su VIII Convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales.

 

Durante el acto de presentación ha participado la gerente de RSC y Proyectos Sociales de Mutua Madrileña, Conchita Navarro, quien ha destacado que “la mujer con discapacidad que sufre violencia de género se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad”. “Por eso este protocolo es muy necesario y un proyecto de gran calado, y así lo valoramos desde Fundación Mutua Madrileña cuando decidimos apoyarlo a través de nuestra convocatoria de Ayudas a Proyectos Sociales”, ha concluido.

 

Esta guía ha sido sometida a consideración del Consejo de Participación de la Fundación CERMI Mujeres, órgano consultivo donde tienen presencia todas las organizaciones del sector de la discapacidad aglutinadas en torno al CERMI, tanto por tipos de discapacidad como por territorios.

 

De esta manera, la consultora de la Fundación CERMI Mujeres y experta en salud sexual, derechos sociales y reproductivos y en igualdad de las mujeres, Esther Castellanos, ha presentado esta guía que se suma al trabajo desarrollado desde la entidad en relación a la orientación jurídica. “Supone una herramienta imprescindible para profesionales que trabajan en atención a víctimas de violencia y para personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad”, ha manifestado Castellanos. 

 

En este sentido, ha destacado que se ha realizado contando con la experiencia y trayectoria de las mujeres referentes de las comisiones de mujeres e igualdad de los CERMIS autonómicos y de las entidades a nivel estatal a través de grupos de trabo además de expertas del ámbito jurídico, sociosanitario, de investigación, del mundo académico, de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y que ha contado con una importante perspectiva local.

 

Y es que, los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019 evidencian que la prevalencia de la violencia a la que están expuestas las mujeres con discapacidad es siempre mayor que las que no tienen discapacidad. De hecho, el 20,7% de las mujeres con discapacidad están o estuvieron expuestas a violencia física o sexual de manos de sus parejas o exparejas, frente al 13,8% de mujeres sin discapacidad víctimas de esta forma de violencia. 

 

De esta manera, Castellanos ha asegurado que es “fundamental considerar otras formas de violencia distintas a las que contempla la ley como esterilizaciones no consentidas, violencia sexual, violencia económica o patrimonial”. Ante este marco de discapacidad y tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres “es importante generar un protocolo que ayude de alguna manera atender a las mujeres en esa relación con profesionales”, ha recalcado la experta.

 

Así, ha destacado los ocho principios rectores con los que cuenta el protocolo. El primero se centra en tener en cuenta cómo se conceptualiza la violencia teniendo como referencia el marco conceptual del convenio de Estambul que España ratificó a en 2014. También es necesario contemplar el enfoque de género interseccional, garantizar la accesibilidad universal a los recursos y eliminar barreras y que exista una coordinación entre los dientitos ámbitos como el sanitario, policial, judicial o de igualdad para que haya una actuación integral.

 

El quinto principio tiene que ver con el poder de las administraciones locales puesto que es el nivel más cercano de la ciudadanía. También ha destacado la formación como vía efectiva para implementar este protocolo ya que “tiene que haber un compromiso a todos los niveles y formar específicamente a los profesionales de la salud, por ejemplo”.

 

Otro de los principios rectores tiene relación con la figura de la asistencia personal, que facilita el proceso judicial y acompaña a la mujer. En este sentido, Castellanos ha recordado que “este es uno de los retos que plantea el protocolo”. Por último, ha recalcado que la integralidad y la recuperación de las mujeres para que logren tomar el control de su vida es un derecho fundamental que debe garantizarse por ley.

 

Por último, durante su intervención ha añadido que el protocolo considera la heterogeneidad y la diversidad de las mujeres, “ya que tiene que ser tenida en cuenta en la atención”. “Puede haber mujeres con parálisis cerebral, sordociegas, con discapacidad visual, psicosocial o intelectual o con daño cerebral adquirido y todas deben ser atendidas”, ha manifestado.

 

Enlace al protocolo